El pasado 9 de julio se han cumplido 10 años del dictamen consultivo emitido por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya sobre el llamado Muro de Separación. El dictamen establecía que la mayor parte del muro de 800 km discurre, en realidad, por territorios palestinos más allá de la línea de armisticio previa a la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza en 1967. Según el dictamen, mediante este muro más allá de la línea verde separa a familias enteras y segrega a la población palestina en bolsas aisladas de población que afectan a centenares de miles de palestinos a lo largo del muro mientras, por otra parte, beneficia al 80% de los colonos israelíes que viven en colonias en Cisjordania dejándolos entre la línea verde y el muro en una política de hechos consumados que intenta imponer una nueva frontera. La ubicación, el diseño y la operación del muro mostraban que el muro cumplía funciones de anexión, incorporando al territorio israelí amplias zonas de colonias ilegales, y obstaculizando el desarrollo de la vida cotidiana de la población ocupada, más que sus supuestas funciones de separación. Por ello, el TIJ ordenaba a a Israel desmantelar el muro así como las colonias construidas ilegalmente, restituir las tierras anexionadas y reparar a los palestinos y palestinas por los daños causados. En la misma línea, el dictamen exigía a la comunidad internacional que no reconociera ni prestara ayuda o asistencia a la construcción y mantenimiento del Muro y las colonias. Asimismo, instaba a los países de la ONU a actuar para poner fin a la situación creada por dichas infraestructuras. Finalmente, el TIJ dictaminó que, en contra del argumento israelí, la IV Convención de Ginebra es de aplicación en los territorios ocupados en 1967 (Cisjordania incluyendo Jerusalén Oriental, Gaza, y los altos del Golán) y que Israel como potencia ocupante es plenamente responsable de ese territorio. Esto es especialmente importante debido a que esa Convención establece que tanto el trasvase de población civil israelí a los territorios ocupados como los castigos colectivos constituyen crímenes de guerra.Una condena incumplida
Este aniversario del dictamen del TIJ encuentra a la región sumergida en una nueva espiral de violencia desigual. Desde el anuncio por la Autoridad Palestina de su intención de constituir un gobierno de unidad nacional con Hamas, el gobierno de Israel ha puesto todo su empeño en socavar la reconciliación intra-palestina y reunificación política de Gaza y Cisjordania. Ha anunciado la construcción de más colonias israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Oriental, y ha intensificado sus ataques contra la población palestina. Así, el 15 de mayo las fuerzas israelíes han matado a dos menores de edad que se manifestaban en solidaridad con los presos palestinos en detención administrativa sin juicio. El pasado 12 de junio, estos ataques se intensificaron tras la desaparición de 3 colonos israelíes menores de edad, cuyos cuerpos fueron hallados 18 días más tarde en una zona entre la ciudad de Hebrón y el bloque de colonias de Gush Etzion. Desde el inicio de la búsqueda de los tres colonos, el ejército israelí ha asesinado a 13 civiles palestinos, de los cuales 2 eran menores de edad, y ha herido a 90 personas, incluyendo 16 menores y 3 periodistas. Ha realizado 190 incursiones en ciudades, pueblos y campos de refugiados palestinos, y ha asaltado casas, instituciones, universidades y sedes de ONG y revistas mientras sometía a Gaza a más de 100 bombardeos. Israel ha destruido las casas de las familias de los dos palestinos acusados del triple crimen sin que se haya demostrado que sean los autores de dichos asesinatos. En esas operaciones, Israel ha encarcelado a más de 500 palestinos en toda Cisjordania, de los cuales 200 aún permanecen encarcelados sin cargos.
Tras el hallazgo de los cuerpos de los desaparecidos 18 días más tarde, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu anunció que Israel le haría pagar un alto precio a Hamas, al que acusa de estar detrás del secuestro aunque ese partido palestino haya negado su responsabilidad. Los discursos que animan a las represalias se extienden entre la derecha israelí, lo que se ha traducido ya en escenas de verdadero pogromo contra palestinos. Estos incidentes han culminado el 2 de julio con el asesinato, quemado vivo, de un palestino de 16 años por extremistas israelíes en Jerusalén.
El pasado lunes, el gobierno israelí ha decidido lanzar lo que la eufemística jerga israelí ha denominado “Operación Margen Protector” (Protective Edge) contra la Franja de Gaza. Esta operación, presentada en muchos medios como parte de una guerra entre dos partes, en realidad constituye el enésimo castigo colectivo del Estado de Israel sobre la población de los Territorios Ocupados de Cisjordania y especialmente sobre la Franja de Gaza. El ejército Israelí, según el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, ya ha autorizado el reclutamiento de 40.000 reservistas para una operación que según su ministro de defensa Moshe Yaalon “no acabará en pocos días” preparándose así una posible operación terrestre. La Franja es la cárcel libre más grande del mundo con más de un millón y medio de palestinos cercados y aislados por Israel del resto del mundo. En ese verdadero campo de concentración, el cerco controla hasta las calorías de los alimentos que permite ingresar. Por ello, el Arzobispo Desmond Tutu ha calificado el bloqueo a la Franja de Gaza como una "abominación".
La Franja de Gaza es también la zona más densamente poblada del mundo, lo que hace que los ataques aéreos y terrestres sean la causa de catástrofes humanitarias: En los ataques anteriores, la operación “Plomo Fundido” de diciembre 2008 causó la muerte de 1.400 personas y 5.000 heridos, la mayoría de ellas civiles, y la operación “Pilar de Defensa” del año 2012 causó la muerte de 170 personas y 1.300 heridos.
En tres días de ofensiva israelí contra Gaza, han tenido lugar más de 1.100 bombardeos que han causado al menos un centenar de muertes. Entre esas víctimas mortales 22 eran niños y niñas, 15 mujeres, y 12 ancianos, hay más de 650 personas heridas y los hospitales están llegando a un punto de colapso. En uno de los ataques más mortíferos, fueron muertos 8 miembros de una misma familia (incluyendo 6 niños). Estas operaciones de castigo, presentadas como quirúrgicas, distan de serlo por el elevado número de víctimas “colaterales” y, en el mejor de los casos no pasan de ser ejecuciones extrajudiciales contrarias al Derecho Internacional. El Ejército israelí está atacando zonas altamente pobladas, demoliendo o dañando casas, hospitales y otras infraestructuras públicas. Activistas de derechos humanos en el lugar ya están describiendo estos ataques como una nueva masacre. Ante esta situación es necesaria, en primer lugar, la condena más enérgica de los asesinatos de civiles palestinos y la exigencia al gobierno israelí de que aborte inmediatamente su ofensiva militar contra la Franja de Gaza. El Derecho Internacional Humanitario debe aplicarse con rigor para demandar que el castigo colectivo y el asedio ilegal por parte de Israel de los palestinos de Gaza cesen de inmediato. En el ámbito más cercano, con el objetivo aparente de mantenerse como interlocutor aceptado en la búsqueda de una solución política a la cuestión Palestina, la UE mantiene una política contemporizadora ante todos estos desmanes y evita aplicar las cláusulas de salvaguarda de los Derecho Humanos previstas en los tratados bilaterales. Así, el Estado de Israel disfruta de los privilegios que le otorgan su Acuerdo de Asociación preferente con la UE, el Acuerdo Euro-editerráneo, la cooperación en defensa y en I+D armamentístico y el comercio de armas y servicios de seguridad (en todo esto participa también el estado español), y su acceso como miembro de pleno derecho al Espacio Universitario Europeo y el Espacio Europeo de Investigación (en el marco del Programa Horizonte 2020). Mientras tanto, se aplican con timidez las propias directivas europeas que prohíben la financiación europea de toda actividad relacionada con los territorios ocupados.
Por lo tanto, el gobierno español podría actuar en el seno de la UE para un cese-el-fuego inmediato entre las partes de manera a evitar la comisión de más crímenes de guerra contra población civil. En la misma línea, el Estado español debería cumplir sus obligaciones reconocidas por el Tribunal Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva del 9 de julio 2004, y no reconocer ni prestar ayuda o asistencia al Muro o a las colonias israelíes en territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Oriental, y de poner fin a las graves violaciones de normas perentorias del Derecho Internacional Humanitario por Israel. El paso más evidente en este sentido sería suspender la cooperación militar y el comercio de armas con un ejército que reiteradamente comete crímenes de guerra contra población civil palestina.
Asimismo, como medida de presión para que cumpla con la legalidad internacional, las cláusulas de salvaguarda de los derechos humanos deberían aplicarse de forma estricta, suspender los privilegios que otorga a Israel el Acuerdo de Asociación preferente con la UE y aplicar completamente la normativa que prohíbe la financiación europea de cualquier actividad relacionada con los territorios ocupados por Israel en 1967.
Sectores importantes de nuestra sociedad no entienden la supuesta equidistancia entre un estado que practica el apartheid y una ocupación de más de 60 años y un pueblo ocupado y cercado, sometido a un castigo colectivo con total impunidad e inacción por la comunidad internacional. No ven una equidistancia entre opresor y oprimido, entre uno de los ejércitos más poderosos del mundo y una resistencia que la mayor parte de las veces se nutre de jóvenes que se encaran con piedras a los tanques del ejército y las menos de las veces de cohetes que sólo reflejan la nula capacidad de respuesta de un pueblo ocupado y aislado por mar, tierra y aire. Por ello, ante la inacción de los gobiernos y la comunidad internacional, se extiende la acción de la sociedad civil cuestionando esta situación, sumándose activamente a la campaña de Boicot Desinversión y Sanciones (BDS) hasta que el Estado de Israel cumpla con la legalidad internacional, se retire de todos los territorios ocupados en 1967, incluido Jerusalén Oriental, desmantele el Muro de Separación y todos sus asentamientos establecidos en esos territorios, acepte las resoluciones de Naciones Unidas relativas a la restitución de derechos de los refugiados palestinos y desmantele su sistema de apartheid.
Ante el silencio de la comunidad internacional, debemos decir alto y claro que lo que está sufriendo Gaza no es una guerra, es genocidio. Contra la injusticia y la impunidad, #YoNO-ComproApartheid. ■
Héctor Grad, Red Internacional de Judíos Antisionistas (IJAN) y Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP)
Fuente: Cambio16, Edición impresa, 14 de julio de 2014
